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Wesolowski Abogados examina la Autoridad del Cliente Financiero en la Revista ‘Seguros’

Jul 5, 2024

Iñigo Pedrosa, abogado en Wesolowski Abogados analiza en la Revista SEGUROS los puntos críticos para la mediación de seguros del Proyecto de Ley de creación de la Autoridad del Cliente Financiero. El letrado del despacho especialista en derecho del seguro no considera justificado que se incluyan a los mediadores de seguros en el marco normativo. Además, señala que las resoluciones de la Autoridad no deberían ser vinculantes en ningún caso y advierte de la escasa participación de las entidades aseguradoras en la gestión de la autoridad, coincidiendo con lo afirmado por Mirenchu del Valle, presidenta de Unespa, en la entrevista publicada en el mismo número de la revista. Por su interés publicamos el contenido íntegro de esta colaboración.

Por Íñigo Pedrosa, abogado en Wesolowski Abogados

Tras su aprobación por el Consejo de Ministros el pasado 19 de marzo, el Proyecto de Ley por la que se crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero para la resolución extrajudicial de conflictos entre las entidades financieras y sus clientes ha sido remitido a las Cortes para su tramitación parlamentaria.

Finalidad

El texto tiene como principal finalidad la creación de un sistema institucional y público de solución extrajudicial de conflictos que unifique en un solo órgano las labores realizadas actualmente por los servicios de reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional de Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

La Autoridad tendrá como misión resolver todas aquellas reclamaciones formuladas por aquel cliente que busque la restitución o reparación de sus intereses o derechos, cuando estos pudieran haber sido vulnerados en la prestación de un servicio, o en la contratación de un producto, como consecuencia de incumplimientos de las normas de conducta, de las buenas prácticas y usos financieros establecidos por las autoridades de supervisión o por la aplicación de cláusulas contractuales abusivas, quedando excluidas de su ámbito de aplicación aquellas reclamaciones previstas en el artículo 3.2. del Proyecto de Ley.

Gobierno de la Autoridad

La Autoridad estará gobernada por un Consejo Rector, formado por once miembros, siendo uno de ellos el titular de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Asimismo, la Autoridad estará asesorada por un Consejo Asesor de catorce miembros, de los cuales tres miembros serán elegidos por las asociaciones sectoriales representativas del ámbito financiero.

Admisión a trámite de una reclamación

Para que la Autoridad pueda admitir y tramitar una reclamación, será imprescindible que el cliente acredite que ha presentado previamente una reclamación ante el servicio de atención al cliente de la entidad reclamada, así como que dicha reclamación ha sido inadmitida o desestimada o que ha transcurrido un plazo de un mes desde la fecha de presentación de la reclamación sin haber recibido respuesta por parte de la entidad reclamada.

Plazo de resolución de reclamaciones

En cuanto al plazo de resolución, la Autoridad contará con un plazo de 45 días desde la presentación de la reclamación para instruir el expediente y trasladar a la Sección encargada de resolver una propuesta de resolución. Una vez remitida la propuesta de resolución, la Sección deberá dictar, en su caso, una resolución y notificar a las partes en un plazo de 20 días hábiles desde la recepción de la propuesta de resolución.

Carácter vinculante de la resolución y recurso

Asimismo, el Proyecto de Ley prevé que aquellas resoluciones emitidas por la Autoridad que traten sobre incumplimientos de la normativa de conducta o cláusulas abusivas tendrán carácter vinculante si su importe es inferior a 20.000 euros. Contra las resoluciones, tanto el cliente como la entidad podrán interponer un recurso ante la jurisdicción civil.

Gastos del procedimiento

Todos los gastos generados por la actividad de la Autoridad serán sufragados por las entidades a las que es de aplicación el Proyecto de Ley, entre las que se incluyen los mediadores de seguros, mediante el pago de una tasa anual que será calculada con base en una serie de parámetros, entre los que se incluyen el número total de resoluciones formuladas contra cada entidad y el porcentaje de resoluciones emitidas por la Autoridad que fueran favorables al cliente.

Objeciones

En nuestra opinión, aunque consideramos como una medida positiva la creación la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, hay algunos aspectos que opinamos que no han sido regulados de una manera apropiada:

  • Las resoluciones de la Autoridad no deberían ser vinculantes en ningún caso, debiendo permitirse que cualquier resolución pudiera ser objeto de recurso administrativo. De lo contrario, la Autoridad estaría arrogándose la potestad de juzgar si un contrato privado es o no conforme a derecho, facultad que consideramos que debería ser exclusiva de los órganos judiciales.
  • La participación de las entidades a las que es de aplicación el Proyecto de Ley en la gestión de la autoridad resulta muy pequeña (solamente cuentan con tres asientos en el Consejo) teniendo en cuenta que ellas serán las encargadas de sufragar en su totalidad los gastos generados por la actividad de la Autoridad.
  • No consideramos justificado que se incluyan a los mediadores de seguros, teniendo en cuenta que de los más de 7.000 inscritos, la mayoría de ellos son empresas muy pequeñas.

*El Proyecto de Ley se encuentra a cierre de esta edición en trámite parlamentario

Si quieres leer más sobre el Proyecto de Ley de creación de la Autoridad del Cliente Financiero, también te puede interesar:

Mirenchu del Valle, Unespa: «Se echa en falta que la DGSFP tenga un tratamiento equivalente a Banco de España y CNMV»

Puedes leer el número completo en el siguiente enlace:

Revista Seguros Nº182

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