El 49% de los españoles adquiere sus conocimientos jurídicos a través de fuentes informales como lecturas y publicaciones, mientras que el 39% recurre a búsquedas en internet y el 27% a su entorno cercano. Según los datos del Barómetro de la Protección Jurídica de onLygal publicados con motivo del Día Internacional del Acceso Universal a la Información, las fuentes especializadas mantienen una menor penetración, limitándose a asignaturas estudiadas (17%), desempeño profesional (13%) o titulaciones en Derecho (4%).
Pese a la multiplicidad de canales informativos, el 54% de los ciudadanos no confía en sus propios conocimientos legales, un 70% afirma desconocer en gran medida sus derechos y solo el 20% asegura comprender el funcionamiento del sistema judicial. Ante dudas puntuales en entornos digitales, los buscadores se sitúan como la principal opción (34%), por delante de portales de la Administración (31%) y webs de despachos de abogados (26%).
La pauta de comportamiento cambia significativamente ante una necesidad legal concreta. Un 35% de la población prevé requerir asistencia jurídica en los próximos tres años, escenario en el que un 69% optaría por contratar a un abogado, seguido de gestorías (35%) y notarías (30%). Por el contrario, la confianza en alternativas digitales disminuye al afrontar un conflicto real: solo un 9% acudiría a herramientas de inteligencia artificial, un 12% a webs especializadas y un 3% a redes sociales.
Las materias que generan mayor volumen de consultas corresponden a ámbitos de gestión cotidiana como fiscalidad, herencias, jubilación, bajas laborales, alquileres, compraventa de inmuebles y estafas. Natàlia Mañas, responsable del Centro de Atención Jurídica de onLygal, enfatiza que la información jurídica accesible y rigurosa actúa como un mecanismo preventivo clave para la toma de decisiones antes de que surja el litigio.
