El Colegio de Madrid no puede menos que unirse a la calificación del Consejo General de “nuevo despropósito” sobre el reglamento que ha preparado el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para las reclamaciones de usuarios en el proyecto de Ley de la futura Autoridad de Protección del Cliente Financiero y Asegurador, que unificará la labor de la DGSFP, Banco de España y CNMC.
El Colegio de Madrid insta a las autoridades económicas a reformular la tasa de 250 euros que prevén imponer “a priori” a los mediadores y corredurías que reciban una reclamación. Sostiene, además, que todos los agentes el sector asegurador deben ser firmes en el rechazo a esta medida que, únicamente, puede traer consecuencias negativas para el buen funcionamiento del mercado. Una medida que será dolosa para una industria que está llamada a ser uno de los sectores clave de la recuperación económica y social.
La institución madrileña ha observado un comportamiento ejemplar y de buenas prácticas de sus colegiados. En la última memoria de reclamaciones de 2021 de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, ningún colegiado de Madrid fue objeto de queja por parte de los usuarios. “Sin embargo, no podemos dejar de mostrar nuestra profunda preocupación por el nuevo reglamento de la futura Autoridad de Protección al cliente Financiero y Asegurador, que está pendiente del informe del Consejo de Estado, un informe, recordemos, que no es vinculante para la aprobación de la nueva figura de protección al cliente de seguros”, declaran en el Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid.
A pesar de ello, el Colegio de Madrid espera que la audiencia que ha solicitado la patronal UNESPA para formular observaciones al citado Anteproyecto de Ley tenga un resultado positivo para todo el sector. Como bien afirma el Consejo General, “la mejor forma de proteger al usuario es mediante penalizaciones a las malas prácticas después de demostrar fehacientemente que el mediador ha incurrido en ellas. Nunca a través de una tasa preventiva que primero recauda y luego dictamina la veracidad o no de la denuncia”.
Desde el Colegio de Madrid no se comprende el sentido de la Disposición adicional primera del anteproyecto que fija una tasa de 250 euros por cada reclamación admitida a trámite que reciba un mediador, independientemente de la resolución final. Incluso en el caso de que esta tasa tenga que ser abonada por la aseguradora.