El Gobierno reforzará el papel del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) como garante último de la seguridad nuclear en España. Según el borrador de la nueva Orden Ministerial, el organismo público ampliará sus coberturas para incluir los gastos de defensa jurídica, costes judiciales e intereses legales derivados de reclamaciones por daños personales en caso de accidente nuclear.
Esta medida está diseñada para cubrir un «vacío» temporal crítico: las nuevas garantías del Consorcio se activarán diez años después de que se produzca el siniestro y se extenderán hasta el trigésimo. Esto da respuesta a la ampliación de los plazos de prescripción (de 10 a 30 años) que introdujo la ley de 2011 y que el mercado asegurador privado no podía asumir en solitario por su elevado riesgo financiero a largo plazo.
El movimiento da continuidad al esquema de protección activado en 2022, cuando se elevaron los límites de Responsabilidad Civil de los operadores nucleares desde los 700 hasta los 1.200 millones de euros. Ante la imposibilidad de las aseguradoras de cubrir la totalidad de estas ingentes sumas y los nuevos conceptos indemnizables (como el daño medioambiental o el lucro cesante), el CCS se posicionó como reasegurador de la parte que excede la capacidad del mercado.
Ahora, al asumir también los costes legales futuros, el Consorcio despeja la incertidumbre de las compañías sobre la gestión de litigios que podrían surgir décadas después de un accidente, garantizando la estabilidad del pool asegurador nuclear español.
