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El Gobierno aprueba el proyecto de Ley de Autoridad de Defensa del Cliente Financiero

El Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid reforzará su servicio de asesoramiento a sus colegiados para que puedan resolver las reclamaciones de sus clientes de forma previa. De esta forma, no incurrirían en la obligación de pagar la tasa de 250 euros a la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero por las reclamaciones admitidas. El Consejo de Ministros aprobó el martes 22 de noviembre el proyecto de Ley de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero que será remitido a las Cortes para su tramitación parlamentaria.

Según el proyecto de Ley, los usuarios financieros podrán presentar sus reclamaciones en el ámbito bancario, de seguros y de inversión financiera ante un único organismo que atenderá las reclamaciones de forma ágil, en un plazo máximo de 90 días, y gratuita. La nueva Autoridad se financiará con el pago de una tasa de 250 euros que abonarán por cada reclamación admitida las entidades financieras, incluidos corredores y agentes de seguros, . “Se trata de una tasa por actividad y servicios de forma que, además de contribuir a la financiación de la institución, incentivará que las entidades resuelvan las reclamaciones de forma previa”, indica en una nota el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

El Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid ha mostrado su rechazo contundente a esta medida durante la elaboración del proyecto de Ley, en línea con los principales agentes del sector seguros, como UNESPA y el Consejo General de Colegios de Mediadores de Seguros y espera que, durante el trámite parlamentario de la Ley se consiga soslayar esta medida que considera “un despropósito”.

El Colegio sigue sin comprender el sentido de la Disposición adicional primera del anteproyecto que fija la tasa de 250 euros por cada reclamación admitida a trámite que reciba un mediador, independientemente de la resolución final. Incluso en el caso de que esta tasa tenga que ser abonada por la aseguradora. Como afirma el Consejo General, “la mejor forma de proteger al usuario es mediante penalizaciones a las malas prácticas después de demostrar fehacientemente que el mediador ha incurrido en ellas. Nunca a través de una tasa preventiva que primero recauda y luego dictamina la veracidad o no de la denuncia”.

La institución madrileña recuerda, además, que sus colegiados observan  un comportamiento ejemplar y de buenas prácticas en su labor de mediación. En la última memoria de reclamaciones de 2021 de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, ningún colegiado de Madrid fue objeto de queja por parte de los usuarios.

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