El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dictado una sentencia clave para la financiación de los servicios de extinción de incendios. El fallo estima el recurso del Sindicato de Bomberos y condena a la Comunidad de Madrid por el desvío de aproximadamente 40 millones de euros procedentes de la Contribución Especial de las aseguradoras (gestionada a través de UNESPA) entre los años 2019 y 2023.
La sentencia es contundente al establecer que estos fondos deben destinarse «única, exclusiva e íntegramente a inversiones reales» en el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios. El tribunal tumba así la práctica de la Administración regional de utilizar este dinero para sufragar gastos corrientes, como renting de vehículos o nóminas, recordando que el objetivo de esta tasa, que pagan indirectamente los ciudadanos en sus pólizas de Hogar, Comercio y Autos, es la mejora y ampliación del servicio.
El fallo judicial subraya que la correcta asignación de estos recursos tiene un impacto directo en la seguridad. Los bomberos denunciaban que el desvío de fondos provocaba carencias en vehículos, infraestructuras y equipos de protección, lo que a la larga aumenta los tiempos de respuesta ante siniestros.
El tribunal también reconoce la legitimación de los profesionales para denunciar, al entender que la falta de inversión afecta a su seguridad laboral. Esta sentencia sigue la doctrina marcada previamente por el Tribunal Supremo, sentando un precedente importante para garantizar que el dinero que el sector asegurador aporta a las arcas públicas cumpla su función finalista: salvar vidas y bienes.
