FACUA-Consumidores en Acción ha instado formalmente al Gobierno a implementar una reforma legislativa que imponga la obligatoriedad de un seguro de Responsabilidad Civil y de cierre para todas las clínicas privadas de odontología y estética en España. Esta demanda surge como respuesta a la recurrente desprotección que sufren miles de usuarios ante cierres inesperados o quiebras de grandes cadenas, situaciones que suelen dejar tratamientos financiados a medio terminar, intervenciones mal ejecutadas y una absoluta falta de garantías para recuperar las cantidades abonadas. La asociación critica que, tras años de escándalos notorios en el sector, la normativa siga resultando insuficiente para frenar un modelo de negocio que prioriza el beneficio inmediato sobre la seguridad del paciente.
La propuesta de la organización de consumidores busca que estas pólizas cubran no solo los posibles daños derivados de negligencias profesionales, sino también el riesgo de cese de actividad, asegurando que exista un respaldo financiero para indemnizar a los afectados o costear la finalización de sus tratamientos en otros centros. FACUA señala que la ausencia de este «blindaje» obliga a los ciudadanos a embarcarse en procesos judiciales largos, costosos y a menudo infructuosos, ya que en muchos casos las empresas carecen de activos suficientes para responder tras la declaración de un concurso de acreedores. El objetivo es que el seguro se convierta en un requisito indispensable para la obtención y mantenimiento de la licencia de actividad sanitaria.
Además de la garantía financiera, el colectivo exige un aumento drástico de los controles administrativos y la creación de protocolos de clausura ordenada que garanticen el acceso de los pacientes a sus historiales clínicos, un elemento vital para poder continuar la asistencia en condiciones de seguridad. La regulación solicitada también incluye la obligatoriedad de facilitar información clara y accesible sobre los titulares de los centros y los seguros contratados, permitiendo que el usuario sepa con exactitud a quién dirigir sus reclamaciones. Con esta medida, se pretende depurar un mercado que en la última década se ha visto empañado por cierres fraudulentos que han afectado gravemente tanto a la salud bucodental como a la economía de miles de familias.
La posible implementación de esta obligatoriedad representaría el nacimiento de un nuevo nicho de mercado con una alta demanda técnica, centrado en la evaluación de la solvencia y la calidad operativa de los centros de salud privada. Mientras que para la mediación, supondría una oportunidad clave para asesorar a los titulares de clínicas en la gestión de sus riesgos corporativos y en la mejora de su transparencia frente al consumidor. Esta iniciativa legislativa, de prosperar en 2026, marcaría un punto de inflexión en la protección de los derechos de los consumidores, alineando al sector de la salud estética y dental con las exigencias de responsabilidad patrimonial de otras profesiones técnicas y sanitarias.
