La disolución de las Cortes Generales este mismo martes impedirá que, en su recta final, se suspenda y se aprueben varias normativas relativas al Seguro, entre ellas, el proyecto de ley por el que se crea la Autoridad del Cliente Financiero, que sustuiría a la DGSFP, actual regulador del sector asegurador.
La nueva figura se esfuma a un paso de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, cuando el Proyecto de Ley había recobido el visto bueno del Pleno del Congreso hace unos días con una holgada mayoría y fue enviado al Senado para rematar su tramitación, informa en su edición de hoy BDS, de Inese. Enm trámite parlamentario, activado de urgencia en las últimas semanas se suprimió la imposición de la tasa de 250 euros para el denunciado a cuya aplicación se opusieron los mediadores y el resto del sector desde desde que se conoció el contenido del anteproyecto, antes de que fuese enviado a las Cortes.
Directiva de Autos y Derecho al Olvido Oncológico
En el limbo quedan otras disposiciones legislativas con efecto directo en el sector. Destaca el reciente anuncio de regulación del derecho al olvido oncológico que se iba a introducir a través de varias enmiendas en el Proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela (determinado que el tomador no estará obligado a declarar si ha padecido cáncer transcurridos cinco años), adelantado la semana anterior por BDS.
Además, queda en inerte la ley que transpone la nueva Directiva de Autos, entre otras muchas propuestas que el Gobierno pretendía sacar adelante en esta legislatura y que resumió a principios de año en su Plan anual normativo de la Administración General del Estado para 2023, en el que se recogían 113 propuestas normativas que incluyen 34 leyes (tres orgánicas y 31 ordinarias) y 79 reales decretos.