Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), las pensiones son la tercera mayor preocupación de los españoles. En ese sentido, de cara a las elecciones del próximo domingo, los cinco principales partidos nacionales coinciden en la eliminación del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP). Asimismo, todos los partidos, excepto VOX, abogan por mantener el actual sistema de reparto. “Las medidas que se proponen en los distintos programas no incluyen una memoria económica que cuantifique el efecto de cada una de ellas. Llama la atención que ningún partido político realiza propuestas concretas para solucionar uno de los principales problemas de nuestra economía como es el abultado déficit que llevan arrastrando las cuentas de la Seguridad Social desde hace varios años”, ha explicado Javier González Gugel, director de Desarrollo de Negocio de Pensiones, de Willis Towers Watson.
Una de las principales medidas que propone el Partido Popular es tender, de manera progresiva, a que toda la vida laboral compute para el cálculo de la pensión, además de la introducción del ahorro complementario no obligatorio, con el impulso de planes de empresa o planes voluntarios de pensiones, que permitan un blindaje fiscal del ahorro. También incluyen entre sus propuestas la utilización de la denominada “Mochila austriaca”. Todo esto, sumado a una extensión de los beneficios fiscales de los planes de pensiones, a la vivienda habitual y a los planes de ahorro. En lo referente a las cuentas públicas plantean una mayor separación entre las fuentes de financiación y una política económica dirigida a la creación de empleo. El PP también incorpora medidas transversales que redundan en el sistema de pensiones, como la ampliación del complemento de maternidad, favorecer la contratación de jóvenes o parados de larga duración.
Como acciones concretas de su programa electoral, la eliminación del Índice de Revalorización de las Pensiones y su sustitución por el IPC real, así como el incremento de la aportación estatal para los gastos que se prevén por la jubilación de la generación baby-boom, se alzan como las medidas estrellas del Partido Socialista Obrero Español. Asimismo, se marca el objetivo de eliminar en cinco años el déficit financiero, redefiniendo las fuentes de financiación para que las cotizaciones soporten primordialmente los gastos contributivos.
Por su parte, Podemos incorpora entre sus medidas la eliminación del IRP y la reforma legal para garantizar que la actualización sea en función del IPC, una garantía legal que pretenden incorporar en la Constitución. Junto a ello, también persiguen la derogación del Factor de Sostenibilidad. Con respecto a las pensiones mínimas y las no contributivas, expresan su deseo de incrementarlas, aunque sin concretar el importe, si bien el Salario Mínimo Interprofesional aspiran a que sea el 60% del salario medio. En lo que respecta al acceso de la jubilación, están a favor de que el trabajador elija los años de cómputo de su vida laboral y sugieren el acceso anticipado a la jubilación a todo aquel que haya cotizado al menos 35 años, sin que ese acceso sea penalizado en la pensión (esta jubilación anticipada, como ya han defendido durante esta legislatura, quieren mantenerla para los trabajadores de sectores duros y precarios, como camareros de piso o empleados del hogar). En lo referente a los regímenes del sistema, proponen la extensión de completar las lagunas de cotización de trabajadores agrarios, autónomos y empleados del hogar, así como establecer cuotas justas para los autónomos que deberán cotizar solo por los rendimientos que realmente obtengan y poner fin al fraude de los falsos autónomos.
Ciudadanos dirige sus propuestas hacia tres objetivos generales: asegurar la pensión para que los mayores reciban lo que les corresponde tras su vida laboral, recuperar el Pacto de Toledo y hacer compatible trabajar con cobrar el 100% de la pensión en determinados escenarios. Para ello manifiestan su intención de contribuir al mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones presentes y futuras y garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo. También incluyen entre sus propuestas la utilización de la denominada “Mochila austriaca”. En lo que respecta a los autónomos, plantean la ampliación de la tarifa plana a 2 años y no pagar la cuota durante los dos años siguientes a tener hijos. De manera general, también propugnan equiparar los derechos a paro y prestaciones entre asalariados y autónomos.
En el programa de Vox no se concreta su postura respecto al IRP ni al Factor de Sostenibilidad; de hecho, su principal propuesta aboga por cambio en el sistema hacia uno mixto, incluyendo la capitalización y el reparto. En el desarrollo de esta idea informan de que el sistema de capitalización se iniciaría en el segundo año de legislatura y el porcentaje que inicialmente se destinará a las cuentas individuales de capitalización será el que permitan los ahorros en el gasto público del primer año de legislatura. Ese ahorro será el indicador en los años de transición para incrementar el porcentaje de capitalización. Junto a esta medida, también plantean una exención en el IRPF cuando se perciban pensiones contributivas.